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Un
23 de enero de 1989, un grupo de 42 militantes del “Movimiento Todos
por la Patria” (MTP) tomaron la decisión de atacar el cuartel militar
del 3er Regimiento de Infantería Mecanizada “General Belgrano”,
situado en La Tablada, provincia de Buenos Aires. La decisión se
debía a la información que tenían sobre los preparativos de un inminente
nuevo golpe de Estado por los militares fascistas (“carapintadas”)
y encontraban su justificación en la misma Constitución Argentina
que, en el artículo 21 establece la obligación de los ciudadanos
de “armarse para defender la Constitución”. 42 militantes del MTP
penetraron en el cuartel y tuvieron que enfrentarse a 3.600 efectivos
de la policía y el ejército durante 30 horas. El ejército recurrió
a la utilización de blindados y al bombardeo del lugar con fósforo
blando (prohibido por la Convención de Ginebra). 28 fueron los civiles
masacrados, 3 desaparecidos y 11 muertos del ejército (la mayor
parte a consecuencia de los bombardeos ordenados por los generales).
Las personas capturadas fueron brutalmente torturadas. La Cámara
Nacional de Casación Penal de Argentina los condenó a distintas
penas (la mayoría a cadena perpetua), basándose en «Ley de Defensa
de la Democracia». Diversos organismos internacionales y el informe
55/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacan
la violación del derecho a la defensa, el asesinato de 9 personas
después de su rendición y la tortura a que fueron sometid@s tod@s
l@s detenid@s. El 13 de julio pasado l@s pres@s polític@s de La
Tablada suspendieron la primer huelga de hambre después de 46 días.
El 5 de septiembre de 2000 empezaron una nueva huelga de hambre
que resistió 116 días. Hace unos días el presidente Fernando de
la Rúa anunció el decreto de conmutación de penas para l@s pres@s.
Reduce las condenas para l@s detenid@s a excepción de Enrique Gorriarán
Merlo, líder del movimiento, y su compañera Ana María Sívori por
no estar incluidos en el informa de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Esta solución a medias, llega mal y tarde. El
gobierno argentino permitió esta situación, con consecuencias casi
irreversibles en algunos casos, eligiendo el asesinato de los presos
y garantizando la impunidad que gozan los militares genocidas de
la última dictadura militar. L@s pres@s decidieron el levantamiento
de la huelga porque creen que es un avance en su situación, si bien
no es lo que han venido pidiendo. A los 9 huelguistas condenados
a prisión perpetua se les conmutó la condena a 20 años de reclusión,
a Claudia Acosta a 22 años, a Roberto Felicetti a 25 años, lo que
implica que entre mayo del 2002 y el 2005 tod@s ell@s podrían salir
en libertad. Cabe destacar la campaña de criminalización llevada
a cabo por los medios de comunicación argentinos, que en ningún
momento explicaron las circunstancias y motivos en que se produjo
el asalto y siempre consideraron a l@s acusad@s terroristas, equiparándolos
a los militares golpistas o carapintadas.
borinot 4/1
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