Barcelona ha sido desde el verano del 2000 la expresión clara y contundente de cómo el orden político y social reinante en el Estado español trata a las personas inmigradas. Ha demostrado que la inmigración es considerada como un problema, criminalizada y utilizada para mantener la cortina de humo frente a la quiebra del estado de bienestar y la pérdida que sufre la población autóctona de sus derechos sociales. A la inmigración se le aplican leyes restrictivas y policiales bajo el pretexto de cumplir los compromisos europeos (Schengen, Tampere), leyes que recalcan los deberes y sanciones contra las personas inmigradas mientras pisotean sus más elementales derechos. Los días 27 al 29 de septiembre la Plataforma de apoyo a l@s inmigrantes sin papeles, realizó la «Acampada de la Vergüenza» en Pl.Catalunya, en solidaridad con las casi 150 personas inmigrantes de origen subsahariano y búlgaro que desde hacía más de 5 meses venían durmiendo al raso en esta plaza y en el Parque de la Expaña Industrial del barrio de Sants. Mientras las administraciones hacían la vista gorda y se pasaban la pelota de una situación que no solamente atañe a Catalunya sino a todo el estado español, en la adampada se realizaron actividades, charlas, debates, con la convicción de que la solución tenía que satisfacer las necesidades de tod@s junt@s, provinieran de donde fuere y que para presionar había que estar unidas todas las comunidades y tod@s l@s inmigrantes y luchar junto a l@s demás vecin@s de Barcelona de forma independiente y autónoma. En este contexto, y denunciando que ni siquiera se cumplía la normativa teóricamente vigente en que se basa la actual Ley de Extranjería, según la cual todas las personas sin papeles tienen derecho a atención primaria, se convocó a una manifestación en la plaza St.Jaume el 4 de noviembre, bajo las consignas «Por el derecho a un trabajo y una vida digna; por el derecho de asilo; por la libre circulación de las personas inmigradas». Se hizo evidente el rechazo a «la política de la Administración de dotar de papeles y trabajo legal a un mínimo de personas inmigradas y el resto de la población mantenerla sin papeles, reforzando ese ejército de reserva, para que se realice un trabajo esclavo, mal pagado y sin derechos que induce a pensar a la población autóctona con trabajo precario o en paro que las personas inmigradas son responsables de la pérdida del supuesto Estado del Bienestar». Ante la ausencia de interés por parte del gobierno para resolver la regularización de estos colectivos y constatando la indiferencia de la mayor parte de la sociedad, individuos y colectivos políticamente activos, l@s inmigrantes y la Plataforma de Apoyo se adueñaron de un espacio en la Universidad Central de Barcelona, realizando un encierro del 13 al 22 de noviembre para hacer oir su voz. Durante estos días fue constante la presión negociadora que tuvieron que ejercer l@s estudiantes contra el rectorado que pensaba sólo en un acto simbólico y no de lucha por tantos días de las casi 300 personas que reclamaban por sus derechos y manifestaban su rechazo a la Ley de Extranjería que atenta contra la vida y la dignidad de las personas inmigradas. El 22 de noviembre se realizó otra manifestación de más de dos mil personas que serviría para que la administración aceptara la negociación en vías de solucionar el problema de los colectivos que vivían a la intemperie. Esta manifestación cambia en número y participación, ya que se suman latinoamerican@s y personas del sudeste asiático (Pakistán, Bangla Desh e India) exigiendo papeles, vivienda y trabajo para tod@s. Las promesas de las tres administraciones se concreta en: 1.- Abrir un albergue que estuvo cerrado por malas condiciones durante 4 años y continúa en el mismo estado, no tienen duchas ni cubren mínimos higiénicos y sólo disponen de una hamaca y una manta por persona para dormir. Tiene un horario de entrada de 9 a 10 de la noche y de salida a las 8.30 de la mañana, bajo amenaza de que si alguna persona falta dos noches a dormir pierde su lugar y la «posibilidad de su regularización y oferta de trabajo». 2.- Ponen como condición para tener derecho al albergue la obligación de pasar una entrevista con CCOO y UGT (CITE y AMIC) quienes supuestamente realizarán el trámite de papeles ante la Delegación de Gobierno. Las personas que no cumplan este requisito quedarían fuera del acuerdo y por tanto otra vez en la calle. 3.- Angel Miret de la Generalitat ofreció el acceso de estos grupos al mercado laboral y al programa de formación ocupaciónal que hasta la fecha no ha cumplido. 4.- La Delegación de Gobierno dice que para las personas que vienen de países en guerra como Sierra Leona y Nigeria tendrán derecho a la regularización por la vía de condiciones excepcionales, otorgarán una cédula de identificación para los que no tienen pasaportes y tarjeta de trabajo y residencia por un año pero sólo si se confirma el apoyo de la patronal con propuestas de trabajo. Hasta la fecha nada de esto se ha concretado y se constata una vez más la lentitud del gobierno y la pasividad de los sindicatos mayoritarios. También hay que señalar que más de 27 personas del colectivo subsahariano quedarían fuera de esta posibilidad de regularización porque según dicen provienen de países que no están en guerra ni sus súbditos sufren persecusión alguna. España es uno de los países de la UE que no cumple con el derecho de asilo, por eso a la mayoría de las personas que solicitan este derecho se le exige pasar largas colas y presentar unos documentos de los que carecen porque han salido huyendo y no pueden demostrar que peligren sus vidas. De esta forma queda claro que el objetivo de tantas promesas es desmoviliza a las personas y desviar su demanda central de papeles para tod@s. Hasta la fecha hay más de 40 personas que aún no tienen derecho al albergue, continúan en la calle o alojadas en el SCI o en la parroquia de Sant Pere, pero no por mucho tiempo, ya que no pueden seguir asumiendo una responsabilidad que sólo compete al gobierno.